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"AVATARES DE LA MARIHUANA" EL PAÍS 7/11/10
Se equivocaron los californianos al votar en contra de su legalización. El Estado debería tratar las drogas igual que el alcohol y el tabaco:
dando libertad al individuo y sancionando el daño a terceros.
Los electores del Estado de California rechazaron el martes 2 de noviembre legalizar el cultivo y el
consumo de marihuana por 53% de los votos contra 47%, una decisión a mi juicio equivocada. La
legalización hubiera constituido un paso importante en la búsqueda de una solución eficaz del
problema de la delincuencia vinculada al narcotráfico que, según se acaba de anunciar oficialmente ha causado ya en lo que va del año en México la escalofriante suma de 10.035 muertos.
Esta solución pasa por la descrimi-nalización de las drogas, idea que hasta hace relativamente poco
tiempo era inaceptable para el grueso de una opinión pública convencida de que la represión policial
de productores, vendedores y usuarios de estupefacientes era el único método legítimo para acabar
con semejante plaga. La realidad ha ido revelando lo ilusorio de esta idea, a medida que todos los
estudios señalaban que, pese a las astronómicas sumas invertidas y la gigantesca movilización de
efectivos para combatirla, el mercado de la droga ha seguido creciendo, extendiéndose por el mundo
y creando unos carteles mafiosos de inmenso poder económico y militar que, como se está viendo
en México desde que el presidente Calderón decidió enfrentarse, con el Ejército como punta de
lanza, a los jefes narcos y sus pandillas de mercenarios, pueden combatir de igual a igual, gracias
a su poderío,
con Estados a los que tienen infiltrados mediante la corrupción y el terror.
La legalización de las drogas no será fácil, desde luego, y, en un primer momento, como señalan sus detractores, traerá sin duda un aumento del consumo, sobre todo, en sectores juveniles. Por eso, la descriminalización sólo tiene razón de ser si viene acompañada de intensas campañas informativas
sobre los riesgos y perjuicios que implica su consumo, semejantes a las que han servido para
reducir el consumo del tabaco en casi todo el mundo, y de esfuerzos paralelos para desintoxicar y
curar a las víctimas de la drogadicción.
Pero el efecto más positivo e inmediato será la eliminación de la criminalidad que prospera
exclusivamente gracias a la prohibición. Como ocurrió con las pandillas de gánsteres que se
volvieron todopoderosas y llenaron de sangre y de muertos a Chicago, Nueva York y otras ciudades
norteamericanas en los años de la prohibición del alcohol, un mercado legal acabará con los
grandes carteles, privándolos de su cuantioso negocio y arruinándolos. Como el problema de la
droga es fundamentalmente económico, económica tiene también que ser su solución.
La legalización traerá a los Estados unos enormes recursos, en forma de tributos, que si se emplean
en la educación de los jóvenes y la información del público en general sobre los efectos dañinos
para la salud que tiene el consumo de estupefacientes puede tener un resultado infinitamente más
beneficioso y de más largo alcance que una política represiva, la que, aparte de causar violencias
vertiginosas y llenar de inseguridad la vida cotidiana, no ha hecho retroceder un ápice la drogadicción
en ninguna sociedad. En un artículo publicado en The New York Times el 28 de octubre, el columnista
Nicholas D. Kristof cita una investigación presidida por el profesor de Harvard Jeffrey A. Miron en la
que se calcula que sólo la legalización de la marihuana en todo Estados Unidos haría ingresar
anualmente unos 8.000 millones de dólares en impuestos a las arcas del Estado, a la vez que le
ahorraría a éste una suma equivalente invertida en la represión. Esa gigantesca inyección de
recursos volcada en la educación, principalmente en los colegios de barrios pobres y marginales
de donde sale la inmensa mayoría de drogadictos, reduciría en pocos años de manera drástica el
tráfico de drogas en ese sector social que es el responsable del mayor número de hechos de sangre, de la
delincuencia juvenil y el desquiciamiento familiar.
Nicholas D. Kristof cita también la conclusión de un estudio realizado por ex policías, jueces y fiscales
de Estados Unidos, donde se afirma que la prohibición de la marihuana es la principal responsable de la multiplicación de pandillas violentas y carteles que controlan la distribución y venta de la droga en el
mercado negro obteniendo con ello "inmenso provecho". Para muchos jóvenes pobladores de los
guetos negros y latinos, ya muy golpeados por el desempleo que ha provocado la crisis financiera,
esa posibilidad de ganar dinero rápido delinquiendo resulta un atractivo irresistible.
A estos argumentos pragmáticos a favor de la descriminalización de las drogas sus adversarios
suelen responder con un argumento moral. ¿Debemos, pues, rendirnos, alegan, al delito en todos
los casos en que la policía se muestre incapaz de atajar al delincuente, y legitimarlo? ¿Esa debería
ser la respuesta, por ejemplo, ante la pedofilia, la brutalidad doméstica, la violencia de género,
fenómenos que, en vez de disminuir, aumentan por doquier? ¿Bajar los brazos y rendirnos,
autorizándolas, ya que no ha sido posible eliminarlas?
No se debe confundir el agua y el aceite. Un Estado de derecho no puede legitimar los crímenes
ni los delitos sin negarse a sí mismo y convertirse en un Estado bárbaro. Y un Estado tiene la
obligación de informar a sus ciudadanos sobre los riesgos que corren fumando, bebiendo alcohol o drogándose, por supuesto. Y de sancionar y penalizar con severidad a quien, por fumar,
emborracharse o drogarse causa daños a los demás. Pero no parece muy lógico ni coherente
que si ésta es la política que siguen todos los gobiernos en lo que concierne al tabaco y al alcohol,
no la sigan también en el caso de las drogas, incluidas las drogas blandas, como la marihuana y
el hachís, pese a estar más que probado que el efecto pernicioso de estas últimas para la salud no
es mayor, y acaso sea menor, que el que producen en el organismo los excesos de tabaco y de
alcohol.
No tengo la menor simpatía por las drogas, blandas o duras, y la persona del drogado, como la del
borracho, me resulta bastante desagradable, la verdad, además de cargosa y aburrida. Pero
también me disgusta profundamente la gente que en mi delante se escarba la nariz con los dedos
o usa mondadientes o come frutas con pepitas y hollejos y no se me ocurriría pedir una ley que les
prohíba hacerlo y los castigue con la cárcel si lo hacen. Por eso, no veo por qué tendría el Estado
que prohibir que una persona adulta y dueña de su razón decida hacerse daño a sí misma, por
ejemplo, fumando porros, jalando coca, o embutiéndose pastillas de éxtasis si eso le gusta o alivia
su frustración o su desidia. La libertad del individuo no puede significar el derecho de poder hacer
solo cosas buenas y saludables, sino, también, cosas que no lo sean, a condición, claro está, de
que esas cosas no dañen o perjudiquen a los demás. Esa política, que se aplica al consumo de
tabaco y alcohol, debería también regir el consumo de drogas. Es peligrosísimo que el Estado
empiece a decidir lo que es bueno y saludable y malo y dañino, porque esas decisiones significan
una intromisión en la libertad individual, principio fundamental de una sociedad democrática. Por
ese camino se puede llegar insensiblemente a la desaparición de la soberanía individual y a una
forma encubierta de dictadura. Y las dictaduras, ya lo sabemos, son infinitamente más mortíferas
para los ciudadanos que los peores estupefacientes.
Se equivocaron los californianos al votar en contra de su legalización. El Estado debería tratar las drogas igual que el alcohol y el tabaco:
dando libertad al individuo y sancionando el daño a terceros.
Los electores del Estado de California rechazaron el martes 2 de noviembre legalizar el cultivo y el
consumo de marihuana por 53% de los votos contra 47%, una decisión a mi juicio equivocada. La
legalización hubiera constituido un paso importante en la búsqueda de una solución eficaz del
problema de la delincuencia vinculada al narcotráfico que, según se acaba de anunciar oficialmente ha causado ya en lo que va del año en México la escalofriante suma de 10.035 muertos.
Esta solución pasa por la descrimi-nalización de las drogas, idea que hasta hace relativamente poco
tiempo era inaceptable para el grueso de una opinión pública convencida de que la represión policial
de productores, vendedores y usuarios de estupefacientes era el único método legítimo para acabar
con semejante plaga. La realidad ha ido revelando lo ilusorio de esta idea, a medida que todos los
estudios señalaban que, pese a las astronómicas sumas invertidas y la gigantesca movilización de
efectivos para combatirla, el mercado de la droga ha seguido creciendo, extendiéndose por el mundo
y creando unos carteles mafiosos de inmenso poder económico y militar que, como se está viendo
en México desde que el presidente Calderón decidió enfrentarse, con el Ejército como punta de
lanza, a los jefes narcos y sus pandillas de mercenarios, pueden combatir de igual a igual, gracias
a su poderío,
con Estados a los que tienen infiltrados mediante la corrupción y el terror.
Su legalización en todo EE UU haría ingresar al fisco 8.000 millones de
dólares anualmente.
dólares anualmente.
No veo por qué el Estado prohíbe que una persona fume marihuana
siempre que no dañe a los demás.
siempre que no dañe a los demás.
Los millones de electores californianos que votaron por la legalización de la marihuana son un indicio auspicioso de que cada vez somos más numerosos quienes pensamos que ha llegado la hora de
cambiar de política frente a la droga y reorientar el esfuerzo, de la represión a la prevención, cura e información, a fin de acabar con la criminalidad desaforada que genera la prohibición y los estragos
que los carteles del narcotráfico están infligiendo a las instituciones democráticas, sobre todo en los
países del Tercer Mundo. Los carteles pueden pagar mejores salarios que el Estado y de este modo neutralizar o poner a su servicio a parlamentarios, policías, ministros, funcionarios, financiar
campañas políticas y adquirir medios de comunicación que defiendan sus intereses. De este modo
dan trabajo y sustento a innumerables profesionales contratados en las industrias, comercios y
empresas
legales en las que lavan sus cuantiosas ganancias. Esa dependencia de tanta gente de la industria
de la droga crea un estado de ánimo tolerante o indiferente frente a lo que ella implica, es decir, la
degradación y
desplome de la legalidad. Ése es un camino que conduce, tarde o temprano, al suicidio de la
democracia.
cambiar de política frente a la droga y reorientar el esfuerzo, de la represión a la prevención, cura e información, a fin de acabar con la criminalidad desaforada que genera la prohibición y los estragos
que los carteles del narcotráfico están infligiendo a las instituciones democráticas, sobre todo en los
países del Tercer Mundo. Los carteles pueden pagar mejores salarios que el Estado y de este modo neutralizar o poner a su servicio a parlamentarios, policías, ministros, funcionarios, financiar
campañas políticas y adquirir medios de comunicación que defiendan sus intereses. De este modo
dan trabajo y sustento a innumerables profesionales contratados en las industrias, comercios y
empresas
legales en las que lavan sus cuantiosas ganancias. Esa dependencia de tanta gente de la industria
de la droga crea un estado de ánimo tolerante o indiferente frente a lo que ella implica, es decir, la
degradación y
desplome de la legalidad. Ése es un camino que conduce, tarde o temprano, al suicidio de la
democracia.
sobre los riesgos y perjuicios que implica su consumo, semejantes a las que han servido para
reducir el consumo del tabaco en casi todo el mundo, y de esfuerzos paralelos para desintoxicar y
curar a las víctimas de la drogadicción.
Pero el efecto más positivo e inmediato será la eliminación de la criminalidad que prospera
exclusivamente gracias a la prohibición. Como ocurrió con las pandillas de gánsteres que se
volvieron todopoderosas y llenaron de sangre y de muertos a Chicago, Nueva York y otras ciudades
norteamericanas en los años de la prohibición del alcohol, un mercado legal acabará con los
grandes carteles, privándolos de su cuantioso negocio y arruinándolos. Como el problema de la
droga es fundamentalmente económico, económica tiene también que ser su solución.
La legalización traerá a los Estados unos enormes recursos, en forma de tributos, que si se emplean
en la educación de los jóvenes y la información del público en general sobre los efectos dañinos
para la salud que tiene el consumo de estupefacientes puede tener un resultado infinitamente más
beneficioso y de más largo alcance que una política represiva, la que, aparte de causar violencias
vertiginosas y llenar de inseguridad la vida cotidiana, no ha hecho retroceder un ápice la drogadicción
en ninguna sociedad. En un artículo publicado en The New York Times el 28 de octubre, el columnista
Nicholas D. Kristof cita una investigación presidida por el profesor de Harvard Jeffrey A. Miron en la
que se calcula que sólo la legalización de la marihuana en todo Estados Unidos haría ingresar
anualmente unos 8.000 millones de dólares en impuestos a las arcas del Estado, a la vez que le
ahorraría a éste una suma equivalente invertida en la represión. Esa gigantesca inyección de
recursos volcada en la educación, principalmente en los colegios de barrios pobres y marginales
de donde sale la inmensa mayoría de drogadictos, reduciría en pocos años de manera drástica el
tráfico de drogas en ese sector social que es el responsable del mayor número de hechos de sangre, de la
delincuencia juvenil y el desquiciamiento familiar.
de Estados Unidos, donde se afirma que la prohibición de la marihuana es la principal responsable de la multiplicación de pandillas violentas y carteles que controlan la distribución y venta de la droga en el
mercado negro obteniendo con ello "inmenso provecho". Para muchos jóvenes pobladores de los
guetos negros y latinos, ya muy golpeados por el desempleo que ha provocado la crisis financiera,
esa posibilidad de ganar dinero rápido delinquiendo resulta un atractivo irresistible.
A estos argumentos pragmáticos a favor de la descriminalización de las drogas sus adversarios
suelen responder con un argumento moral. ¿Debemos, pues, rendirnos, alegan, al delito en todos
los casos en que la policía se muestre incapaz de atajar al delincuente, y legitimarlo? ¿Esa debería
ser la respuesta, por ejemplo, ante la pedofilia, la brutalidad doméstica, la violencia de género,
fenómenos que, en vez de disminuir, aumentan por doquier? ¿Bajar los brazos y rendirnos,
autorizándolas, ya que no ha sido posible eliminarlas?
No se debe confundir el agua y el aceite. Un Estado de derecho no puede legitimar los crímenes
ni los delitos sin negarse a sí mismo y convertirse en un Estado bárbaro. Y un Estado tiene la
obligación de informar a sus ciudadanos sobre los riesgos que corren fumando, bebiendo alcohol o drogándose, por supuesto. Y de sancionar y penalizar con severidad a quien, por fumar,
emborracharse o drogarse causa daños a los demás. Pero no parece muy lógico ni coherente
que si ésta es la política que siguen todos los gobiernos en lo que concierne al tabaco y al alcohol,
no la sigan también en el caso de las drogas, incluidas las drogas blandas, como la marihuana y
el hachís, pese a estar más que probado que el efecto pernicioso de estas últimas para la salud no
es mayor, y acaso sea menor, que el que producen en el organismo los excesos de tabaco y de
alcohol.
No tengo la menor simpatía por las drogas, blandas o duras, y la persona del drogado, como la del
borracho, me resulta bastante desagradable, la verdad, además de cargosa y aburrida. Pero
también me disgusta profundamente la gente que en mi delante se escarba la nariz con los dedos
o usa mondadientes o come frutas con pepitas y hollejos y no se me ocurriría pedir una ley que les
prohíba hacerlo y los castigue con la cárcel si lo hacen. Por eso, no veo por qué tendría el Estado
que prohibir que una persona adulta y dueña de su razón decida hacerse daño a sí misma, por
ejemplo, fumando porros, jalando coca, o embutiéndose pastillas de éxtasis si eso le gusta o alivia
su frustración o su desidia. La libertad del individuo no puede significar el derecho de poder hacer
solo cosas buenas y saludables, sino, también, cosas que no lo sean, a condición, claro está, de
que esas cosas no dañen o perjudiquen a los demás. Esa política, que se aplica al consumo de
tabaco y alcohol, debería también regir el consumo de drogas. Es peligrosísimo que el Estado
empiece a decidir lo que es bueno y saludable y malo y dañino, porque esas decisiones significan
una intromisión en la libertad individual, principio fundamental de una sociedad democrática. Por
ese camino se puede llegar insensiblemente a la desaparición de la soberanía individual y a una
forma encubierta de dictadura. Y las dictaduras, ya lo sabemos, son infinitamente más mortíferas
para los ciudadanos que los peores estupefacientes.
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